En estos últimos meses me he dedicado a la introspección y al silencio sin dejar a un lado lo que siempre he hecho desde que salí de la Isla, leer sobre la situación política por la que atraviesa el país. Deprimente ejercicio este, por cierto. Lo que he dejado a un lado han sido mis denuncias públicas en este blog sobre la situación política de Puerto Rico. Pero hoy tengo que volver a retomar el discurso ante la sucia agenda política del gobierno de turno de decertificar a la Federación de Maestros de Puerto Rico para que así los maestros pasen a ser representados por "Change to Win", sindicato estadounidense.
Este es la agenda mas vil, despiadada y autodestructiva en contra del movimiento autóctono sindical del país. Parece mentira que un gobernador que lanzó anuncios de campaña llamandose patriota con bandera puertorriqueña en mano ahora con la misma saña le de una patada por el trasero a los maestros afiliados a un sindicato que por años ha luchado por los derechos de los maestros de escuela pública. Aquella propaganda patriótica superficial no me movía un pelo sino que de solo verla me llenaba de indignación.
Me parece desdichada esta desfachates de quienes dirigen el gobierno de Puerto Rico. Se dedican a dar una tajada mortal a aquello que sea autosuficiente, autóctono y patriótico: a la Federación de Maestros, al Partido Independentista Puertorriqueño y a los sindicatos del país.
Este sindicato "Change to Win", se discute en los medios, le ha otorgado donaciones de campaña al Partido Popular. Ahora la pregunta es si este partido está mas interesado en el bienestar y crecimiento del pueblo o en el dinero para sus arcas y bolsillos.
¿Alguien me puede explicar por qué todavia no se ha llegado a un veredicto en cuanto a los cargos de corrupción al gobernador de Puerto Rico? ¿Por qué todavia sigue vivito y coleando, haciendo de las suyas y dando órdenes a Aragunde, secretario del Dpto. de Educación? Aquí hay gato encerrado y pienso que el gobierno federal es complice en toda esta situación política contra la Federación de Maestros.
La Federación de Maestros ha estado dispuesta a negociar por los pasados dos años. Los maestros no han tenido un convenio colectivo desde el año pasado por la renuencia de Aragunde de sentarse a negociar ante las órdenes del gobernador Anibal Acevedo Vilá. La Federación se indignó ante esta situación de no diálogo por parte del gobierno y discuten la posibilidad de irse a la huelga. Resulta que el gobierno decertifica a la Federación pues hacer huelga por parte de empleados públcos va en contra de la Ley 45 de PR. Por un lado, me cuestiono la constitucionalidad de esa ley y de dónde rayos salió. No sabía que la represión política llegara a tal extremo de prohibir la huelga a empleados públicos. Por otro lado, La Federación en ningún momento se fue a la huelga sino que discutió esa posibilidad. El gobierno entonces ahora mas que nunca se rehusa a negociar con un sindicato decertificado y prepara el ambiente para que los maestros pasen a ser representados por "Change to Win", un sindicato estadounidense. El portavoz de esta organización, Roberto Pagán, no se presentó a un debate sobre esta situación en el capitolio. Mientras, el gobierno prepara sus armas de represión contra la Federación en caso de huelga, reuniendose con el Superintendente de la Policía y la Guardia Nacional. Aquí me parece que el gobierno lo tiene todo planchado. Y como siempre, puertorriqueños/as alistándose a reprimir a sus compatriotas puertorriqueños/as con el fín de poner en práctica la agenda imperialista de los Estados Unidos.
!Vaya patriotismo de Acevedo Vilá! !Inepto!
http://www.eldiariony.com/noticias/detailnp.aspx?section=20&desc=NUESTROS%20PAISES&id=1804572
sábado, febrero 02, 2008
viernes, febrero 01, 2008
Articulo del mes
Perspectiva / 71
Viernes 01 de Febrero de 2008 / El Nuevo Día
Agendas del miedo
ANA LYDIA VEGA ESC R I TO RA
Hace diez años, este periódico publicó una columna titulada "Matrimonio gay: un derecho humano". Con ella, sumé mi voz a las que en aquel momento denunciaban las intenciones discriminatorias del controvertible proyecto 1013 de la Cámara de Representantes.
Por desgracia, el fanatismo moralista y el acomodo electorero convirtieron el proyecto en ley. Y, en 1999, quedó modificado el artículo 68 del Código Civil para negar validez a los matrimonios contraídos en otras partes del mundo por personas del mismo sexo o trans ex u a l e s.
Una década después, se repite la maroma en una especie de "ove r k i l l " legislativo bautizado "Resolución concurrente 99 del Senado". Y con peores propósitos que entonces. Ahora la idea es excluir de la legalidad -nada menos que con una enmienda a la Constitución- cualquier otro tipo de unión, nacional o extranjera, que no sea el matrimonio archiconsagrado por el mentado artículo 68.
El lenguaje de la enmienda propuesta es autoritario y machacón. Sólo será autorizado el casamiento de un hombre y una mujer "en conformidad con su sexo original de nacimiento". Ninguna otra alianza de convivencia en pareja -"independientemente de su nombre, denominación, lugar de procedencia, jurisdicción o similitud con el matrimonio"- será reconocida.
Así se pretende matar dos pájaros de un tiro: las parejas gays casadas en otros países y las heterosexuales que no deseen formalizar su relación por la vía institucional. De paso, se ataja preventivamente la incorporación de posibles propuestas alternas. Al elevarse a rango constitucional semejante cortapisa a nuestras libertades, la enmienda de marras burlaría la separación entre iglesia y estado para imponer su camisa de fuerza a la sociedad.
En su contundente ponencia ante la comisión cameral que evalúa la Resolución 99, el profesor Carlos Gorrín Peralta enumeró algunas de las nefastas consecuencias legales que se desprenderían de su aprobación. En lugar de ampliarse o añadirse derechos, afirmó el abogado y catedrático, se limitarían los ya adquiridos. La movida representa, por lo tanto, un verdadero "f ra u d e c o n st i t u c i o n a l ".
¡Y todavía se atreven a pedirnos que refrendemos con el voto esa trampa leguleya! Para disimular lo represivo de la intentona, la postura mojigata se escuda en la alegada protección de la familia tradicional, ignorando así las dramáticas transformaciones sociales que han redefinido ese concepto añejo.
Desde finales del siglo pasado, numerosos son los gobiernos que han ratificado la legitimidad del matrimonio gay y de las parejas de hecho. El apartheid padecido durante siglos por los practicantes de sexualidades estigmatizadas parece estar llegando a su fin.
Países como Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, México, Colombia, Argentina, Dinamarca, Francia, Alemania, Portugal, Suecia y Suiza, entre otros, han legalizado el matrimonio gay o algún tipo de pacto civil atemperado a los imperativos democráticos.
Jurisdicciones de los Estados Unidos como Massachusetts, Vermont, New Jersey, Connecticut y New Hampshire también han hecho suyo el reclamo de inclusión.
¿Por qué entonces esa absurda voluntad de torcer el curso de la historia? Además de encarnar los extremos más ridículos del anacronismo cultural, proyectos como el 1013 de la Cámara y resoluciones como la 99 del Senado son gestos de una intensa violencia simbólica.
Resulta irónico que miembros de grupos religiosos, antaño censurados por las autoridades, impulsen hoy una nueva y solapada forma de persecución.
¿Qué dirán estos señores de Biblia en mano si un día a alguien le da con radicar una medida para prohibirles el derecho a practicar el culto de su pref e re n c i a ? La irracionalidad del miedo libra su inútil batalla contra el cambio. Y, en resumidas cuentas, ¿a qué se le teme? ¿Al fin de la reproducción humana? ¿Al castigo de un dios rabioso y vengativo? ¿Al despelote general? Expertos en salud mental han señalado los efectos dañinos de interdictos tan categóricos. Con la complicidad de un electorado bienpensante, la convalidación de los tabúes podría desembocar en un incremento brutal de la i n t o l e ra n c i a .
La falsa ética del consenso forzado propiciaría y justificaría la vejación, el escarnio y hasta el crimen.
Hay algo que ni los cabilderos del atraso histórico ni los abanderados del oportunismo político alcanzan a comprender. Esos seres repudiados y demonizados, sentenciados durante tanto tiempo a las sombras de la simulación, hoy exigen su ciudadanía completa, su existencia plena, su justo y digno lugar bajo el sol.
El veto ancestral tiene que ser revocado. La igualdad ante la ley es la versión humana de la igualdad ante Dios.
Viernes 01 de Febrero de 2008 / El Nuevo Día
Agendas del miedo
ANA LYDIA VEGA ESC R I TO RA
Hace diez años, este periódico publicó una columna titulada "Matrimonio gay: un derecho humano". Con ella, sumé mi voz a las que en aquel momento denunciaban las intenciones discriminatorias del controvertible proyecto 1013 de la Cámara de Representantes.
Por desgracia, el fanatismo moralista y el acomodo electorero convirtieron el proyecto en ley. Y, en 1999, quedó modificado el artículo 68 del Código Civil para negar validez a los matrimonios contraídos en otras partes del mundo por personas del mismo sexo o trans ex u a l e s.
Una década después, se repite la maroma en una especie de "ove r k i l l " legislativo bautizado "Resolución concurrente 99 del Senado". Y con peores propósitos que entonces. Ahora la idea es excluir de la legalidad -nada menos que con una enmienda a la Constitución- cualquier otro tipo de unión, nacional o extranjera, que no sea el matrimonio archiconsagrado por el mentado artículo 68.
El lenguaje de la enmienda propuesta es autoritario y machacón. Sólo será autorizado el casamiento de un hombre y una mujer "en conformidad con su sexo original de nacimiento". Ninguna otra alianza de convivencia en pareja -"independientemente de su nombre, denominación, lugar de procedencia, jurisdicción o similitud con el matrimonio"- será reconocida.
Así se pretende matar dos pájaros de un tiro: las parejas gays casadas en otros países y las heterosexuales que no deseen formalizar su relación por la vía institucional. De paso, se ataja preventivamente la incorporación de posibles propuestas alternas. Al elevarse a rango constitucional semejante cortapisa a nuestras libertades, la enmienda de marras burlaría la separación entre iglesia y estado para imponer su camisa de fuerza a la sociedad.
En su contundente ponencia ante la comisión cameral que evalúa la Resolución 99, el profesor Carlos Gorrín Peralta enumeró algunas de las nefastas consecuencias legales que se desprenderían de su aprobación. En lugar de ampliarse o añadirse derechos, afirmó el abogado y catedrático, se limitarían los ya adquiridos. La movida representa, por lo tanto, un verdadero "f ra u d e c o n st i t u c i o n a l ".
¡Y todavía se atreven a pedirnos que refrendemos con el voto esa trampa leguleya! Para disimular lo represivo de la intentona, la postura mojigata se escuda en la alegada protección de la familia tradicional, ignorando así las dramáticas transformaciones sociales que han redefinido ese concepto añejo.
Desde finales del siglo pasado, numerosos son los gobiernos que han ratificado la legitimidad del matrimonio gay y de las parejas de hecho. El apartheid padecido durante siglos por los practicantes de sexualidades estigmatizadas parece estar llegando a su fin.
Países como Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, México, Colombia, Argentina, Dinamarca, Francia, Alemania, Portugal, Suecia y Suiza, entre otros, han legalizado el matrimonio gay o algún tipo de pacto civil atemperado a los imperativos democráticos.
Jurisdicciones de los Estados Unidos como Massachusetts, Vermont, New Jersey, Connecticut y New Hampshire también han hecho suyo el reclamo de inclusión.
¿Por qué entonces esa absurda voluntad de torcer el curso de la historia? Además de encarnar los extremos más ridículos del anacronismo cultural, proyectos como el 1013 de la Cámara y resoluciones como la 99 del Senado son gestos de una intensa violencia simbólica.
Resulta irónico que miembros de grupos religiosos, antaño censurados por las autoridades, impulsen hoy una nueva y solapada forma de persecución.
¿Qué dirán estos señores de Biblia en mano si un día a alguien le da con radicar una medida para prohibirles el derecho a practicar el culto de su pref e re n c i a ? La irracionalidad del miedo libra su inútil batalla contra el cambio. Y, en resumidas cuentas, ¿a qué se le teme? ¿Al fin de la reproducción humana? ¿Al castigo de un dios rabioso y vengativo? ¿Al despelote general? Expertos en salud mental han señalado los efectos dañinos de interdictos tan categóricos. Con la complicidad de un electorado bienpensante, la convalidación de los tabúes podría desembocar en un incremento brutal de la i n t o l e ra n c i a .
La falsa ética del consenso forzado propiciaría y justificaría la vejación, el escarnio y hasta el crimen.
Hay algo que ni los cabilderos del atraso histórico ni los abanderados del oportunismo político alcanzan a comprender. Esos seres repudiados y demonizados, sentenciados durante tanto tiempo a las sombras de la simulación, hoy exigen su ciudadanía completa, su existencia plena, su justo y digno lugar bajo el sol.
El veto ancestral tiene que ser revocado. La igualdad ante la ley es la versión humana de la igualdad ante Dios.
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